Conti advirtió que la Ley de Concesiones “abre la puerta a delegar en privados servicios esenciales”

El debate por la reforma de la Ley de Concesiones impulsada por el Gobierno provincial sumó un fuerte planteo de la oposición en la Cámara Alta. El presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado, Juan Diego Conti, advirtió que el proyecto oficialista “abre la puerta a delegar en privados servicios esenciales del Estado” y presentó una propuesta alternativa en nombre del bloque justicialista para delimitar el alcance de la norma.

El planteo se dio durante la reunión de comisión de la que participó el secretario Legal y Técnico de la provincia, Esteban Vitor. Allí, el legislador opositor remarcó que la discusión excede un cambio técnico: “Lo que estamos discutiendo no es una simple reforma de una ley, es dar vuelta la regla. Hoy están expresamente excluidas de las concesiones la educación pública, la salud, la seguridad, la justicia y el sistema penitenciario. Con la modificación propuesta por el oficialismo, esas actividades podrían concesionarse con la sola condición de que el Estado conserve formalmente la titularidad”.

El eje de la contrapropuesta peronista radica en trazar una línea divisoria clara entre las contrataciones operativas habituales y las responsabilidades indelegables de la administración pública.

Según explicó Conti, el Estado requiere habitualmente tercerizar tareas como limpieza, mantenimiento edilicio, alimentación, lavandería o soporte técnico para sostener el funcionamiento diario de sus organismos. Sin embargo, alertó que es “muy distinto habilitar que la prestación sustantiva de la salud pública, la educación o la seguridad pueda quedar en manos de terceros”.

“Es cierto que el Estado puede seguir siendo el dueño en los papeles, pero al vecino no lo atiende el dueño, lo atiende quien presta el servicio. Y eso es precisamente lo que la reforma podría habilitar a concesionar”, sostuvo el senador, enfatizando que no basta con retener la titularidad formal si no se garantiza la prestación efectiva y la responsabilidad directa ante el ciudadano.

Para graficar los riesgos del texto oficial, el legislador puso el foco en el sistema sanitario y en los pacientes que requieren tratamientos periódicos y continuos. “No es lo mismo que el Estado contrate prestaciones bajo su dirección y responsabilidad, que ceder la organización del servicio de salud a un concesionario que cobra tarifas y responde ante sí mismo”, diferenció.

En esa línea, planteó que delegar estas áreas en manos privadas abre interrogantes críticos sobre quién establece las condiciones de atención, cómo se asegura la continuidad de los tratamientos médicos indispensables y quién responde legal y operativamente ante los pacientes. “No estamos hablando de una cuestión administrativa, estamos hablando de derechos y de la responsabilidad del Estado sobre la salud de la población”, subrayó.

Como salida al debate legislativo, la bancada justicialista ingresó una redacción propia que busca atender las necesidades operativas planteadas por el Ejecutivo sin desproteger las áreas sensibles. El texto opositor mantiene la prohibición expresa de concesionar las funciones esenciales del Estado -salud, educación, seguridad, justicia y el sistema penitenciario- y, al mismo tiempo, aclara de forma explícita que las obras, los bienes y los servicios auxiliares o de apoyo pueden contratarse mediante el régimen general de contrataciones públicas.

“Es una solución concreta que resuelve el problema que plantea el propio oficialismo y permite al Estado funcionar sin poner en riesgo la salud, la educación y la seguridad”, concluyó Conti.