Diputados enrolados en la oposición provincial presentaron este martes un pedido de informes en el que se solicitó que el Poder Ejecutivo Provincial, mediante el Consejo General de Educación (CGE), de “un informe detallado sobre el estado de avance de las acciones llevadas a cabo en el marco de la Emergencia Educativa aprobada el 9 de febrero del corriente año”. También se requirió “información específica sobre las medidas implementadas en las instituciones educativas de la provincia de Entre Ríos, con el objetivo de mejorar y/o solucionar sus problemas edilicios”.
El pedido de informe, que fue presentado por la diputada Lorena Arrozogaray, y contó con el acompañamiento de sus compañero de bancada Silvia Ávila, Stefania Cora, Silvia Moreno, Laura Stratta, Andrea Zoff, Juan Bahillo, José Kramer y Yari Seyler, también requirió precisiones respecto al “estado de la infraestructura escolar, cada acción destinada a mejorar la calidad educativa, contrataciones, documentación respaldatoria y cualquier otro dato relevante para evaluar el impacto de la Emergencia Educativa en la provincia”. Finalmente, solicitaron que el “informe sea efectivizado en el plazo de 20 hábiles”.
En los fundamentos del pedido de informe se sostuvo la necesidad de contar con información sobre el “avance de las acciones previstas en la ley de emergencia educativa aprobada el pasado 8 de febrero en la provincia de Entre Ríos, norma que todo el arco político y, fundamentalmente, el oficialismo creyó e instituyó de ‘emergencia’, al punto que dio facultades excepcionales al Poder Ejecutivo para llevar a cabo todas las acciones tendientes a solucionar o mejorar problemas educativos en general”.
En aquella línea argumental, se precisó que el motivo consistió en “el reclamo constante de la comunidad educativa ante el deterioro de las condiciones de trabajo y de vida. El personal docente y no docente y alumnado en general, verbalizan con miedo a represalias aunque con imperiosa necesidad que alguien los ayude a sobrellevar la difícil situación del país y de la provincia que en tan pocos meses se traduce en un marcado déficit institucional, de infraestructura y calidad educativa, en el que ven precarizado el sistema educativo entrerriano”.
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