Allanaron 23 domicilios de representantes de distintas organizaciones sociales de Gualeguaychú. El procedimiento fue ordenado por el juez Federal, Hernán Viri, a raíz de hechos denunciados a través de la Línea 134 del Ministerio de Seguridad.
Los procedimientos se enmarcan en la maniobra supuestamente utilizada por los referentes políticos para obligar a participar a beneficiarios en diferentes actividades proselitistas vinculadas a marchas, cortes y manifestaciones.
En la investigación que ordenó Viri, y que lleva adelante el personal del Escuadrón 56, en esas actividades proselitistas se tomaba asistencia y en caso de inasistencia, “debían abonar un porcentaje del plan en cuestión, negándoles el acceso a los alimentos distribuidos por el Gobierno Nacional, e incluso darles de baja a dicho plan”, confió una fuente judicial.
Por otra parte, dentro de la investigación se apunta a que los referentes locales de dichas organizaciones sociales les exigían mensualmente la entrega de un porcentaje del dinero de estos planes nacionales, bajo amenaza.
