El gobierno nacional emitió una resolución la semana pasada por la cual impide a municipios de Argentina a cobrar impuestos a través de boletas de servicios, como gas o electricidad. Se trató de una medida que no fue bien recibida por los jefes comunales, ya que muchos municipios cubren el consumo de luz de la localidad mediante esas tasas.
Pero nos centraremos en el caso de Maciá. Si se mira una boleta de Enersa, en el detalle de la facturación figuran dos conceptos municipales que representan un porcentaje abultado del valor total de la factura: Contribución Municipal y Tasa Municipal CV.
En esa línea, el intendente Ariel Müller explicó que con esas dos tasas el municipio paga parte de la energía que consumen las dependencias municipales y el alumbrado público.
Por ejemplo, el mes pasado, esos dos impuestos recaudaron en Maciá algo más de 15 millones de pesos, que se destinaron a saldar parte del consumo total de la ciudad, que fue de 26 millones de pesos (7 dependencias municipales y 19 de alumbrado público). Es decir que el mes pasado el Municipio solamente tuvo que desembolsillar de las arcas 11 millones para pagar la luz, ya que gran parte del servicio fue cubierto con esos dos impuestos.
En este análisis cabe tener en cuenta que la ciudadanía local ya abona una tasa que refiere al alumbrado público. En ese marco, Müller aclaró que ese impuesto va a parar a la infraestructura del alumbrado público, y no a cubrir el servicio.
“Esa tasa en la parte de alumbrado es el mantenimiento cuando se rompen los focos, o se arreglan o se suman columnas. Tiene que ver con la infraestructura de la luminaria, no con el consumo”, indicó.
“Si tendríamos que pagar todo el alumbrado público (26 millones de pesos) tendríamos que subir 12 mil pesos los impuestos municipales para pagar la luz de la calle. La otra que queda es cortar la luz de la calle, no queremos llegar a eso”, añadió el intendente.
De igual manera, en Entre Ríos todavía no está claro qué va a pasar con estos dos conceptos municipales que figuran en las boletas de Enersa. Por lo pronto, la provincia pedirá una prórroga de 120 días para que esta medida comience a correr en el territorio, aunque algunos intendentes se esperanzan en que la resolución del gobierno pueda caerse judicialmente.
